Las últimas mediciones de Cadem y Criteria muestran menor respaldo a la estrategia de seguridad del Gobierno, rechazo mayoritario al nuevo estado de excepción y diferencias sobre una reforma constitucional para ampliar herramientas contra el crimen organizado
La agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast perdió respaldo durante agosto, mientras el nuevo estado de excepción constitucional enfrenta más rechazo que apoyo en las últimas mediciones de Cadem y Criteria.
Plaza Pública Cadem registra que 41% está de acuerdo con la Agenda de Seguridad y 45% en desacuerdo. El respaldo llegaba a 49% el 7 de agosto, por lo que retrocedió ocho puntos en menos de tres semanas.
Agenda Criteria, publicada este domingo 30 de agosto, muestra otra señal: 42% considera que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, tres puntos más que en la medición anterior. Otro 30% cree que existen algunas ideas, pero no un plan definido, y 19% estima que el Ejecutivo sí tiene una estrategia clara.
Las encuestas utilizaron metodologías y preguntas diferentes. Cadem entrevistó online a 1.007 personas el 26 de agosto, con cobertura en 164 comunas, mientras Criteria aplicó 811 encuestas entre el 27 y 28 de agosto. Sus porcentajes, por tanto, no deben sumarse ni promediarse.
Los principales datos de Cadem y Criteria
| Indicador | Cadem | Criteria |
|---|---|---|
| Aprobación de Kast | 37% | 33% |
| Desaprobación de Kast | 59% | 55% |
| Evaluación de seguridad | 41% apoya agenda; 45% la rechaza | 19% ve un plan claro; 42% ve improvisación |
| Nuevo estado de excepción | 41% apoya; 51% rechaza | 40% apoya; 49% rechaza |
| Reforma constitucional | 33% la considera necesaria; 61% no | 53% apoya cambios; 36% los rechaza |
Las preguntas de ambas encuestas no son equivalentes. La tabla permite comparar los principales resultados, pero no establecer equivalencias estadísticas entre las mediciones.
Estado de excepción: Congreso y plazos concentran las diferencias
El nuevo estado de excepción forma parte de la ofensiva impulsada por La Moneda contra el crimen organizado, que incluye una agenda con más de 30 proyectos de seguridad y modificaciones constitucionales para ampliar las capacidades del Estado.
Cadem muestra que las mayores diferencias aparecen al consultar quién debería autorizar la medida y cuánto tiempo tendría que permanecer vigente. El 63% prefiere que pueda ser solicitado por el Presidente, pero requiera autorización del Congreso. Solo 30% respalda que pueda decretarlo directamente el Mandatario.
También existe una preferencia mayoritaria por plazos más acotados. El 56% plantea que el estado de excepción tenga que renovarse cada 30 días, mientras 26% acepta renovaciones cada 120 días.
La posición sobre el proyecto completo es todavía más marcada. Ante la explicación de que permitiría al Presidente decretar la medida hasta por 240 días sin consultar al Congreso, 58% señala que el Gobierno debería retirarlo, buscar acuerdos, realizar ajustes y volver a presentarlo. Un 26% propone mantener la iniciativa y modificarla mediante acuerdos parlamentarios, mientras 11% respalda continuar con el proyecto tal como está.
La discusión ya se había instalado en el Senado durante la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, cuando parlamentarios abordaron también las nuevas atribuciones incluidas en la reforma de seguridad del Ejecutivo.
Criteria muestra, además, un cambio respecto de la semana anterior. La medición del 23 de agosto había registrado 55% de respaldo al nuevo estado de excepción, cuando seguridad aparecía entre las áreas de mayor adhesión dentro de la agenda gubernamental.
Medidas específicas contra el crimen mantienen alto respaldo
El rechazo al nuevo estado de excepción no se reproduce cuando Cadem pregunta por algunas de las atribuciones específicas destinadas a enfrentar al crimen organizado.
Requisar bienes asociados a bandas criminales o terroristas alcanza 86% de apoyo, mientras 72% respalda que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros en operaciones contra organizaciones criminales y 62% está de acuerdo con interceptar telecomunicaciones para facilitar investigaciones.
Los porcentajes disminuyen cuando las medidas afectan libertades individuales. El 38% respalda restringir temporalmente el tránsito en determinados barrios o sectores y 36% está de acuerdo con limitar la libertad de reunión.
La participación de militares en tareas de seguridad interior ya había abierto una discusión política sobre las nuevas facultades para Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.
Cadem también preguntó cuáles de las medidas anunciadas por el Gobierno son consideradas más relevantes. Aumentar las penas para quienes recluten niños o adolescentes para cometer delitos encabeza las preferencias con 56%, seguido por mayores penas para adolescentes que cometan delitos graves, con 53%, y facilitar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, con 51%.
El nuevo estado de excepción obtiene 15% de menciones entre las medidas seleccionadas como más relevantes para combatir el crimen organizado y la inseguridad.
Criteria registra, en tanto, una mayoría favorable a priorizar sanciones frente a determinados delitos. El 74% considera que existen delitos tan graves en que la prioridad debe ser la sanción y no la reinserción social, mientras 26% sostiene que todas las personas condenadas tienen derecho a reinsertarse, independientemente del delito.
63% prioriza mejorar gestión antes que aprobar nuevas leyes
Otro de los resultados de Cadem apunta a las herramientas que deberían priorizarse para enfrentar la inseguridad.
El 63% considera más relevante que las instituciones mejoren su gestión utilizando las facultades que actualmente poseen, mientras 33% plantea que la prioridad debería ser aprobar las nuevas leyes propuestas por el Gobierno.
La medición registra, además, un cambio durante agosto respecto de la necesidad de modificar la Constitución. El 19 de agosto, 43% consideraba necesaria una reforma para ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo. El 26 de agosto ese porcentaje bajó a 33%, mientras quienes estiman que las herramientas actualmente disponibles son suficientes aumentaron de 51% a 61%.
Criteria obtiene un resultado diferente ante una formulación distinta: 53% está de acuerdo con realizar un cambio constitucional para reforzar las medidas de seguridad y 36% se opone. La encuesta no contrapone directamente esa reforma con la utilización de las herramientas actualmente disponibles, como sí lo hace Cadem.
Las dos mediciones cierran agosto con mayor rechazo que apoyo al nuevo estado de excepción, mientras Cadem registra una caída en la adhesión a la agenda gubernamental y Criteria un aumento de quienes consideran que el Ejecutivo está improvisando en seguridad.
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