El cierre del gobierno de Gabriel Boric abre una nueva etapa política en Chile, marcada por el tránsito desde una agenda de reformas hacia la idea de un “gobierno de emergencia”, donde la capacidad del Congreso para construir acuerdos será determinante
Chile cierra un ciclo político sin haber resuelto completamente las tensiones que lo marcaron durante la última década. El último discurso presidencial de Gabriel Boric no fue simplemente una rendición de cuentas. Fue la constatación de que la política chilena transitó desde la promesa de transformaciones estructurales hacia una etapa dominada por la administración de urgencias, mientras el debate público comienza a reorganizarse en torno a seguridad, crecimiento económico y estabilidad institucional.
Cuando Boric llegó a La Moneda en 2022 representaba a una generación que buscaba redefinir el contrato social surgido de la transición democrática. Su triunfo electoral fue interpretado como la traducción institucional de las demandas levantadas tras el estallido social de 2019, y como la posibilidad de abrir un ciclo reformista de largo alcance.
La experiencia de gobierno reveló rápidamente una realidad estructural: en un sistema político fragmentado, incluso las agendas transformadoras dependen de acuerdos parlamentarios difíciles de construir.
Aun bajo esas condiciones, el gobierno logró avanzar en reformas relevantes. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento histórico del salario mínimo y la ley de responsabilidad parental conocida como “Ley Papito Corazón” marcaron hitos legislativos de su administración.
La aprobación del royalty minero, que redefinió la distribución territorial de recursos provenientes de la minería, representó otro avance significativo en materia económica y regional.
También se registraron cambios institucionales importantes. La expansión del Copago Cero en el sistema público de salud, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la aprobación de una reforma previsional que destrabó parcialmente un debate político bloqueado durante años reflejan parte de ese proceso legislativo.
Estos avances ocurrieron en medio de un Congreso fragmentado y de un escenario económico internacional complejo, lo que obligó al Ejecutivo a negociar permanentemente para avanzar, en medio de errores propios que a la postre terminaron por agotar a la ciudadanía.
El Congreso como árbitro del sistema político
El rasgo institucional que terminó definiendo este periodo fue el peso creciente del Congreso en la conducción del debate público. La fragmentación parlamentaria transformó al Congreso en el verdadero espacio donde se definió el alcance de las reformas, obligando al Ejecutivo a moderar iniciativas, ajustar proyectos y construir mayorías circunstanciales.
Ese Parlamento seguirá siendo determinante en la etapa que comienza. La idea de un “gobierno de emergencia”, impulsada por el presidente José Antonio Kast, necesitará respaldo legislativo para convertirse en políticas públicas concretas, desde medidas de seguridad hasta reformas económicas.
Aquí aparece uno de los desafíos más relevantes del nuevo ciclo político. Si el Congreso reproduce la lógica de bloqueo que marcó buena parte del periodo anterior, la promesa de respuestas rápidas frente a las urgencias del país volverá a chocar con los límites estructurales del sistema político chileno.
La emergencia como relato político
Con el cambio de gobierno comienza a instalarse una narrativa distinta. La idea de un “gobierno de emergencia” busca ordenar la nueva etapa política, proponiendo una agenda centrada en seguridad pública, control migratorio y reactivación económica.
La fuerza del concepto radica en su capacidad de transmitir urgencia. La narrativa de emergencia instala la idea de que el país enfrenta una situación excepcional que exige decisiones rápidas, mientras la política intenta responder a una ciudadanía que percibe inseguridad e incertidumbre económica.
Pero el concepto también merece una mirada más crítica. La emergencia no solo describe una situación: también organiza el poder político y redefine las prioridades del Estado. Bajo esa lógica, la urgencia puede terminar desplazando debates estructurales sobre desarrollo productivo, modernización del Estado o desigualdad territorial.
¿Una emergencia económica o un desafío estructural?
Chile enfrenta dificultades económicas reales: crecimiento moderado, baja productividad e inversión irregular en varios sectores. Sin embargo, la economía mundial atraviesa más bien un período de ajuste que una crisis extraordinaria, marcado por inflación persistente, tensiones geopolíticas y reorganización de las cadenas productivas.
Al mismo tiempo, el mundo vive transformaciones profundas. La transición energética, la competencia tecnológica entre potencias y la reorganización del comercio internacional están redefiniendo el mapa económico global, generando oportunidades relevantes para economías exportadoras de recursos naturales como la chilena.
Bajo esa perspectiva, reducir el desafío económico del país a la lógica de la emergencia puede resultar políticamente eficaz, pero no reemplaza la necesidad de construir una estrategia de desarrollo productivo, innovación e inversión de largo plazo.
El dilema del nuevo ciclo político
El periodo que termina deja una lección clara. Las expectativas de transformación generadas tras el estallido social chocaron con los límites institucionales de un sistema político fragmentado, obligando a moderar el ritmo de las reformas.
El ciclo que comienza enfrenta una paradoja distinta. La seguridad y la estabilidad institucional se han convertido en prioridades urgentes, pero las demandas sociales que marcaron la última década seguirán influyendo en el debate político.
Chile enfrenta así una decisión estratégica. Puede gobernar bajo una lógica permanente de emergencia, o puede utilizar ese diagnóstico como punto de partida para construir acuerdos políticos capaces de enfrentar tanto las urgencias como los desafíos estructurales del país.
Y en democracia, ningún país construye futuro gobernando indefinidamente como si estuviera en crisis permanente.
Chile debe construir su futuro hoy.. aprendiendo del ayer.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
