Solicitan eliminar arbitrariedad y discriminación en Ley sobre regulación de Archivos de documentos

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Proyecto de ley busca estandarizar diferencia de 50 años de resguardo en documentos públicos y privados, que afectan a las regiones del extremo del país


La iniciativa de los parlamentarios, Paulina Núñez y  Luis Rocafull, proclama la necesidad de eliminar la letra “e” del artículo 14 del D.F.L, Nº 5.200, que otorga a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, un plazo diferenciado y menor al resto de las regiones del país.

En lo específico, el decreto que se arrastra del año 1929, discrimina en tiempo el ingreso de determinados documentos públicos y privados al archivero nacional, entre los que constan protocolarizaciones notariales, inscripciones conservatorias e incluso expedientes judiciales de los juzgados de letras y de los desaparecidos juzgados del crimen.

En este sentido la diputada Paulina Núñez indicó que, “no es posible que los documentos, algunos de suma importancia, puedan estar en vigencia sólo por 30 años en 5 regiones, entre ellas Antofagasta, y en el resto del país puedan estar 80 años antes de ingresar al archivero nacional” comentó la parlamentaria, quien presentó el proyecto de ley junto al diputado por el primer distrito, Luis Rocafull.

Núñez indicó que si bien, en los años anteriores se pudo entender este tipo de prácticas por las distancias y necesidades de conservar documentos alejados de la capital, hoy no se condice con las técnicas y materiales de traslados con los que cuentan las distintas entidades”.

La iniciativa de los diputados, busca evitar mayores complicaciones y gastos para las personas que requieran de un documento y se les informe que este ya se encuentra en el Archivero Nacional, “Son las personas mayores generalmente las que al transcurrir el plazo concurren a nuestro archivero y se les informa que deben requerir esta información en Santiago teniendo ellos que costear lo que significa llegar a esa instancia. Es injusto que iras regiones los documentos permanezcan 80 años y en nuestra región 30. Estamos frente a un criterio discriminatorio, injustificado y arbitrario que está perjudicando a los chilenos de las regiones extremas y debe eliminarse”.

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