Por notable abandono de deberes, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, tras una extensa jornada de deliberaciones en la que se analizaron los tres capítulos del libelo acusatorio.
De esta forma, el magistrado queda destituido de su cargo e impedido de ejercer cualquier función pública, sea o no de elección popular, por cinco años, según establece la Constitución.
La sesión, desarrollada durante la tarde del lunes, reunió a senadores de todas las bancadas, quienes fundamentaron sus posturas frente a las acusaciones por falta al deber de reserva, deber de abstención e imparcialidad y presunta intervención indebida en nombramientos judiciales. Cada capítulo fue votado por separado y alcanzó los votos necesarios para su aprobación.
El Capítulo I, relativo al deber de reserva, fue aprobado con 44 votos a favor y 3 abstenciones. El Capítulo II, sobre imparcialidad judicial, obtuvo 27 votos favorables, 8 en contra y 8 abstenciones, mientras que el Capítulo III, referido a la intervención en nombramientos, alcanzó 30 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones.
Debate legislativo y fundamentos de la votación
Durante la discusión, varios senadores subrayaron la importancia de resguardar la probidad y la confianza pública en el sistema judicial. El senador José Miguel Insulza sostuvo que “la conducta de este juez no procede de acuerdo con la función pública que se le encargó; existen antecedentes suficientes para votar que sí hubo notable abandono de deberes”.
En tanto, Tomás de Rementería afirmó que “cuando un magistrado actúa por interés personal o favoritismo, pone en riesgo el avance civilizatorio que implica la labor de un juez”, respaldando los tres capítulos del libelo.
Desde la misma línea, Alfonso De Urresti criticó duramente el actuar del magistrado, indicando que “faltó a una tradición histórica de jueces probos y honestos que ejercen su labor con austeridad y respeto a la justicia”.
Por su parte, el senador Esteban Velásquez señaló que esta acusación debe entenderse “como parte de un proceso mayor para restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia”.
La senadora Paulina Vodanovic añadió que se “ha develado una red de vulneraciones del secreto judicial, favores e influencias que dejan en evidencia el incumplimiento de deberes esenciales del cargo”.
De igual forma, Juan Ignacio Latorre destacó que “la acusación se enmarca en una investigación más amplia de corrupción y conflictos de interés”, mientras que Iván Flores lamentó “el uso político de algunos sectores, aunque coincidió en que los antecedentes acreditan un notorio abandono de deberes”.
Votos disidentes y argumentos de abstención
Algunos senadores expresaron reservas respecto del alcance del libelo. Pedro Araya sostuvo que “no existen antecedentes suficientes para acreditar una desviación deliberada en la administración de justicia”, indicando que los primeros capítulos corresponden a infracciones administrativas y que el tercero “no configura causal constitucional”.
En la misma línea, Francisco Chahuán, quien se inhabilitó de votar por vínculo familiar con el Poder Judicial, advirtió que la acusación podría “vulnerar el principio de non bis in idem, ya que la Corte se pronunció previamente sobre estos hechos”.
Sin embargo, la mayoría del Senado consideró acreditadas las faltas, especialmente la relación del magistrado con el abogado Luis Hermosilla, mencionada durante el debate. El senador Daniel Núñez enfatizó que “las intenciones de Hermosilla iban más allá de los favores; buscaba instalar operadores en la Corte para beneficiar a un sector político”.
Con la aprobación del libelo, el caso del juez Ulloa se suma a una serie de procesos que han tensionado la relación entre el Poder Judicial y el Congreso, reabriendo la discusión sobre los mecanismos de responsabilidad institucional y ética pública dentro de la judicatura.
