Por: Diego Ancalao. Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena y Salvador Millaleo. Instituto Igualdad
Una de las principales causas de la permanencia del mal llamado conflicto mapuche consiste en que hay un conjunto de actores, quienes no quieren resolver el conflicto. A estos actores les da ventajas la mantención de un estatus quo que los favorece, donde el Estado y el Pueblo Mapuche se mantienen en una relación de conflicto de variable intensidad.
Las grandes empresas de economía extractiva – forestales, mineras, pesqueras – obtienen la parte del león de la explotación desregulada de los recursos naturales en los diferentes territorios mapuches, mientras evitan exitosamente la construcción de una solución estable y segura para salir de la lógica del conflicto.
Aquella solución, política y democrática, consiste en el establecimiento de regímenes de autonomía territorial, que reconozcan poderes para el Pueblo Mapuche con el objeto de regular el uso de sus territorios, para mantener su cultura, identidad, valores e instituciones vinculados a ellos. Ésta, junto a la restitución de las tierras, es la demanda histórica del mundo mapuche y la única que le daría sentido a un reconocimiento constitucional.
Estos regímenes de autonomía tienen como elemento central e intrínseco el autogobierno limitado que ejercen las autoridades indígenas mediante el traspaso de competencias por el Estado central para la realización de sus propios fines dentro sus territorios.
El alcance de esas competencias siempre será el resultado de negociaciones con el Estado y se ejercen dentro de su marco legal, sujetas a los diversos controles y limitaciones de un Estado constitucional – sobre todo los derechos humanos y fundamentales.
Quienes han sostenido que puede haber una autonomía sin un autogobierno, y que el Pueblo Mapuche no estaría preparado para éste, no sólo menosprecian las capacidades de esta antigua y populosa nación, sino que pronuncian un sinsentido, negando el corazón de la autonomía, lo que la distingue de otras manifestaciones de la libre determinación. Esto va mas allá de la ignorancia y corresponde a una estrategia de los verdaderos ganadores del conflicto, a la cual estas confusiones parecen colaborar de manera consciente o inconsciente, habría que ver si de forma desinteresada o no, pero ciertamente con el soporte de las grandes empresas extractivas que se benefician de evitar la posible solución del conflicto.
La autonomía indígena como autogobierno, lejos de ser una innovación o experimento, reflejan la dilatada experiencia internacional, donde diversos estados han acordado regímenes de autonomías territoriales indígenas. Panamá reconoció las comarcas Kuna desde 1930, mientras EE.UU. ha reconocido la doctrina Worcester de la soberanía tribal interna de las naciones indígenas desde 1832. Canadá terminó reconociendo el marco de los tratados con las primeras naciones y su derecho inherente al autogobierno en 1982. Colombia estableció en 1991 las entidades territoriales indígenas y México desde la reforma constitucional del 2000. Todo esto, mucho antes que Ecuador (2008) y Bolivia (2009) explicitaran su carácter plurinacional. Otros países han establecido regímenes de autonomía para colectivos no indígenas como las minorías nacionales – vg. Reino Unido, España, China, dentro de otros 60 países.
¿Cómo llegar a esta solución? A través de procesos de diálogo, amplios, dilatados y sin exclusiones, que requieren sembrar confianzas y de gradualidad. Esta forma que funcionó para crear un equilibrio en las fronteras del Estado colonial y en la temprana república a través de los parlamentos, puede ser realizada cuando exista una voluntad política para abandonar las estrategias de criminalización y de paternalismo.
Las autonomías indígenas no sólo buscan beneficiar a las comunidades indígenas. Ellas permiten profundizar la democracia, reconociendo poder de decisión para grupos subalternos sobre asuntos esenciales para su sobrevivencia. Por otra parte, las autonomías favorecen la inclusión, colocando el poder más cerca de los territorios y permitiendo la descentralización en la determinación y la resolución de problemas públicos. Por cierto, la autonomía indígena busca restaurar la decisión sobre su propio futuro para los pueblos indígenas, pero también proporciona mayor eficacia al Estado y legitimidad, al aproximarlo al estándar actual del derecho internacional de los derechos humanos.
Lejos de dividir al Estado como mal informan los beneficiarios del conflicto y sus colaboradores, las autonomías indígenas fortalecerán el Estado chileno y la calidad de su democracia.
Para conseguir esta solución política, se requiere avanzar a una lógica de entendimiento que busque cambiar la actual institucionalidad del Estado. Pero eso exige que se abandone el paternalismo y racismo que presupone una supremacía cultural de la nación mestiza chilena, avanzando hacia una interculturalidad igualitaria que no considere a los pueblos indígenas como minusválidos.
Tanto los chilenos como los mismos Mapuche deberemos abandonar primero esos discursos de minusvaloración, los cuales no permiten recorrer el camino de la autonomía y el (auto)reconocimiento de la calidad y capacidad del Pueblo Mapuche de ser un otro, un verdadero pueblo-nación.
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