La crisis que sacude al Poder judicial de O’Higgins

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Sobornos, nombramientos que rayan en lo ilícito, pagos a ministros y la presencia de una red de narcotraficante son parte de las aristas que tienen en la cuerda floja a varios ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua


La noticia que ha marcado los titulares de las últimas semanas en diferentes medios se relaciona con la investigación que lleva adelante la ministra Rosa María Maggi, por corrupción al interior del Poder Judicial en la Región de O’Higgins, lo que desencadenó la suspensión de sus funciones del ministro Emilio Elgueta por presunto tráfico de influencias, prevaricación y enriquecimiento ilícito, y que mantiene en tela de juicio a tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, dos de los cuales fueron suspendidos por graves faltas a la ética, por decisión de la Corte Suprema. Se trata de los ministros Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.

De acuerdo a Ciper Chile, en esta trama “se mezclan beneficios a un doctor condenado por tráfico de sicotrópicos, registros telefónicos que dan cuenta de cómo una banda narco obtiene la libertad de uno de sus miembros a cambio de dinero, y de los vínculos con abogados que litigan en causas que ellos deben dirimir. También hay préstamos y pagos a ministros”. A ello se suma la presencia de nepotismo, ya que en una de las artistas de la investigación está presente la hija del juez Marcelo Vásquez, quien la nombró en un cargo, al igual que lo hizo Emilio Elgueta, quien firmó 11 nombramientos a favor de la hija de su colega. De hecho, lo que gatilló la investigación, fue la denuncia sobre que Karla Vásquez habría asumido en reiteradas ocasiones cargos de suplencia en el Poder Judicial.

Respecto a lo anterior, el persecutor de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, el Fiscal Sergio Moya, acusó maniobras para entorpecer la investigación que tiene a su cargo en el caso de corrupción que vincula a tres ministros de la Corte de Apelaciones regional. De acuerdo a Moya, hay antecedentes de que en la oficina del juez Marcelo Vásquez –otro de los investigados- hubo “cajones desarrajados para sustraer información”, además del aviso anticipado de una revisión de cuentas bancarias.

En entrevista con diario La Tercera, el persecutor reconoció que al juez de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta, se le investiga informalmente desde 2015 “producto de ciertos cuestionamientos o dudas que se generaron sobre las resoluciones de algunos ministros y la intervención de algunos abogados particulares en estos procesos”.

Cabe recordar que el primer ministro investigado fue Emilio Elgueta, a quien se sumó Marcelo Vásquez, y de acuerdo al fiscal Sergio Moya “el juez Marcelo Albornoz, por ahora no aparece como sospechoso, lo que no obsta que si en el futuro tenemos antecedentes, sí lo sea”.

Agregó Moya que los imputados investigados están realizando “maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación”.

 

De acuerdo a lo señalado por Sergio Moya a La Tercera, Marcelo Vásquez “concurrió en horas de la noche a la corte a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal, y que al analizar el registro de su oficina se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información”.

Otro de los nombres que han aparecido en los últimos días en este caso, es el del senador Juan Pablo Letelier, al que se le imputa un eventual nexo con dichos jueces, a raíz de una reunión con el fiscal nacional y la divulgación de una fotografía donde aparece junto a gran parte de los involucrados.

Por lo mismo, parlamentarios socialistas indicaron la necesidad de constituir una Comisión investigadora sobre la Corte de Apelaciones de Rancagua.  Pero además, mañana el Tribunal Supremo del PS deberá resolver si acoge a trámite la solicitud del exconcejal de Rengo y militante socialista Sergio Roldán, para que se suspenda la militancia del senador mientras dure la investigación judicial.

De esta forma, y aunque el Fiscal Moya sostuvo que por el momento el parlamentario no es materia de investigación, igual deberá hacer frente a los cuestionamientos dentro de su partido, donde por ejemplo Osvaldo Andrade, Jaime Naranjo y Marcelo Díaz, han pedido  que la colectividad de una señal para referirse a la situación del senador por la región de O’Higgins.


 

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