La discusión sobre la continuidad de la concesión de Enel Distribución volvió al centro del debate público ante los recientes anuncios de cortes eléctricos programados en la Región Metropolitana y la inminente entrega del informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En este contexto, el diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde) llamó al Gobierno a evaluar la caducidad de la concesión, argumentando incumplimientos reiterados en el servicio.
Revisar la continuidad de Enel Distribución en Chile
El parlamentario recordó que los episodios de fallas en el suministro no son hechos aislados. A su juicio, los problemas estructurales del sistema justifican una revisión profunda de las obligaciones de la concesionaria.
En esa línea, sostuvo que “Son hechos reiterados en donde ha habido incumplimiento de aspectos que se deben garantizar por una concesionaria. La concesión otorga un derecho del Estado para llegar con energía eléctrica a todos los hogares, bajo condiciones establecidas en la ley”.
Mulet enfatizó que el servicio eléctrico es un servicio público esencial que requiere planes operativos para responder a contingencias y asegurar continuidad para hogares, electrodependientes y actividades económicas, resaltando que “la condición principal es entregar energía; tener equipos preparados ante circunstancias extraordinarias; hacerse cargo de electrodependientes y responder por hechos fundamentales asociados a un servicio público”.
Llamado a aplicar una señal “clara y firme” a empresas eléctricas
El diputado argumentó que los incumplimientos reiterados de la distribuidora justifican acciones más determinantes del Estado. Asegura que la continuidad del servicio constituye un estándar mínimo que debe ser respetado por cualquier operador.
Por ello planteó que “si esa concesionaria incumple una y otra vez, creo que debe caducar la concesión. La señal debe ser clara: terminar la concesión a Enel Distribución por reiterados y graves incumplimientos en el otorgamiento de un servicio público”.
Asimismo, subrayó las consecuencias sociales y económicas de los cortes prolongados, que afectan a comunidades, actividades productivas y servicios esenciales.
El legislador por Atacama recalcó que “se trata del servicio de energía eléctrica, que para muchos también significa agua potable, vida para electrodependientes, continuidad laboral para pequeños empresarios y la pérdida de mercaderías y herramientas de trabajo”.
El parlamentario cerró señalando que el tema debe abordarse con rigurosidad institucional. A su juicio, el Gobierno debe establecer una posición clara y evaluar medidas correctivas proporcionales al impacto sufrido por la ciudadanía. “Debe tomarse con seriedad y espero que el Gobierno lo haga de esa manera”, concluyó.
