Por: Juan Armando Vicuña Marín. Presidente Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso
Antes que todo es necesario desear el mayor de los éxitos al Presidente electo porque el éxito de su gestión significará mayor bienestar para todos los chilenos. Y, como es tradición en nuestro gremio, nos ponemos a su disposición para los desafíos que tienen el país y la región, y además ofrecemos a las nuevas autoridades toda nuestra colaboración para el logro de su plan de gobierno, particularmente en temas relacionados a la construcción, ya que creemos que es la base del crecimiento del país.
Como gremio solicitamos desde ya al Presidente electo, que en esta nueva etapa impulse el diálogo franco y respetuoso, la búsqueda de consensos a todo nivel y mayor participación de distintos grupos dentro de los que se cuenta el sector privado. Ya que creemos que la prioridad debe ser recuperar la inversión, tanto pública como privada, de tal manera de reactivar la actividad y la generación de buenos empleos. Y esto va de la mano de la recuperación de la confianza de los actores económicos, para lo que creemos es central la planificación sostenible de las inversiones y el respeto a la certeza jurídica.
En este sentido nos parece clave, como expresión de la urgente modernización del Estado, mejorar a todo nivel los procesos de inversión, especialmente en lo relativo a las tramitaciones ambientales de grandes proyectos, e identificar una cartera de proyectos de infraestructura prioritarios para sacar adelante durante su período de gobierno.
Por otra parte, como gremio y como empresarios vivimos en carne propia el error del actual gobierno, de empecinarse en sacar adelante una mala reforma tributaria, la que nos ha costado el estancamiento de la economía. Elevar la carga tributaria a las empresas fue el camino equivocado pues afectó y desincentivó las inversiones e impactó el crecimiento y el empleo. Por ello es necesario hacer modificaciones tendientes a simplificar, generar incentivos y, en algunos aspectos, revertir la reforma tributaria. Y desterrar la excesiva burocracia del aparato público.
Además creemos firmemente en que el camino correcto para abordar los desafíos del país y la región son el fomento a la iniciativa privada, el crecimiento económico, la creación de empleo y por sobre todo la alianza publico privada, que va a ser el motor de la creación de nuevas oportunidades y agilización del retorno a tasas positivas de inversión.
Más allá de medidas puntuales que pueda adoptar el Presidente Piñera, nos parece que es central replantearse y reformular el rol de Estado en la tramitación de grandes proyectos de inversión. Tal es el caso de grandes obras de infraestructura, como las portuarias, energéticas o de vialidad, que deberían poder licitarse con los permisos ambientales previamente tramitados y entregados por parte del Estado.
En general observamos cómo se deja al privado sólo frente a un Servicio de Evaluación Ambiental integrado por muchos organismos que opinan de manera parcial, pero no se aprecia al Estado como un garante de la viabilidad de estos proyectos tan necesarios. Por eso es importante contar con una entidad que coordine a los organismos estatales y vele por la oportuna materialización de estas iniciativas.
Esa sería una medida clara y concreta que podría impulsar el Primer Mandatario, para destrabar tantas iniciativas que esperan aprobación durante largos años, y dar un espaldarazo así a la inversión.
Recordemos que la Región de Valparaíso es la que a nivel país mantiene más proyectos paralizados en el proceso de evaluación ambiental o judicializados, con a lo menos una decena que son emblemáticos, como el Terminal 2. Sus dilaciones van generando mucha incertidumbre. Por ello en iniciativas que son de interés público, dado que tienen un impacto social y productivo importante, el Estado debe jugar un rol relevante y actuar como un verdadero garante de los mismos.
Por lo mismo, consideramos que la principal medida es garantizar el respeto a la legislación vigente y entregar certeza jurídica a los proyectos y permisos de obras. Esto entregará certidumbre tanto a los inversionistas como a la comunidad. Es prioritario reforzar la certeza jurídica y esto pasa primero por actualizar los planes reguladores comunales y solucionar el problema de la escasez de suelo urbano y factibilizado técnicamente, para construir las viviendas y la infraestructura que la población necesita para su calidad de vida.
Otro de los desafíos prioritarios es terminar con el déficit habitacional de los grupos más vulnerables, en un trabajo conjunto del sector público y el privado. De acuerdo a nuestro estudio Balance de la Vivienda, nuestra región presenta hoy un requerimiento habitacional total de 60.895 viviendas (incluidos los campamentos). Aquí hay mucho donde avanzar.
Pero también hay iniciativas que conspiran contra este objetivo, como son el proyecto de ley de aportes al espacio público, nuevas normas de provisiones para la banca y en general los impuestos a la actividad inmobiliaria y los problemas para la viabilización de suelo urbano. Por el contrario, creemos que hay que aumentar y modernizar los instrumentos de fomento como los subsidios habitacionales, que ha sido en general una buena política pública, y desarrollar subsidios especiales para ciudades y sectores que tienen particularidades topográficas que encarecen la construcción, como es el caso de Valparaíso, para lo cual ya hemos desarrollado propuestas que estamos gestionando ante el Minvu.
Junto con ello la región debe contar con un plan integral y permanentemente actualizado de infraestructura estratégica, a concretarse en plazos definidos, independiente del ciclo político y sus urgencias. Para ello es necesario crear una nueva institucionalidad y que se aumente la inversión pública y privada, a través del sistema de concesiones. Y en este sentido apostamos por el Fondo de Infraestructura y una nueva etapa de concesiones, que también considere las obras de equipamiento urbano.
Como gremio advertimos que los programas de los candidatos eran insuficientes en materia de descentralización y de fomento al desarrollo regional. Podemos ver la experiencia internacional en donde todos los países desarrollados, tienen gobiernos regionales, provinciales o estatales con una capacidad de planificar, priorizar y gestionar sus propios planes de desarrollo e inversión; pero lo más importante de esta política, es que los gobiernos regionales tienen la autonomía para manejar sus recursos. En el caso de Chile, el 82% de las inversiones regionales se decide en Santiago. Esto es inaceptable.
Por ello, entre otras cosas, es necesario avanzar paulatinamente hacia un sistema tributario que permita a las regiones una mayor captura de la riqueza que se genera en ellas y mayor autonomía en el uso de estos recursos, de modo que constituyan una palanca clave para su desarrollo.
Así, nos parece urgente impulsar una descentralización tributaria del país, que haría, por ejemplo, que grandes obras y proyectos de inversión dejen una parte de sus tributos en la misma comuna y región en que se emplazan, a objeto de disponer recursos para obras locales. Esto aplica para puertos, centrales de energía, proyectos mineros, etc. Y sería una medida muy concreta a favor del desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones, como lo promovemos en la Cámara Chilena de la Construcción.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
